Ingenieros y especialistas en infraestructura digital reunidos por Grupo Vía en Oporto coincidieron en que la eficiencia energética se gobierna desde el programa funcional y alertaron de que la disponibilidad de potencia eléctrica, no el coste, será el gran condicionante del crecimiento del sector ibérico.
Oporto acogió la primera edición en la ciudad del foro sobre data centers organizado por Grupo Vía, celebrada en el AC Hotel Porto con el apoyo de Tarkett y Kidde Global Solutions y moderada por el arquitecto Ricardo Camacho. El encuentro reunió a ingenierías, promotores y especialistas en infraestructura digital de Portugal y España en un momento en que la inteligencia artificial está multiplicando las densidades de cómputo y tensionando como nunca las redes eléctricas ibéricas.
El bloque técnico de la jornada giró en torno al PUE (Power Usage Effectiveness), el coeficiente que mide la eficiencia energética de un data center relacionando la energía total consumida con la potencia informática efectivamente entregada. El ingeniero Fernando Jorge Almeida, CEO de Layout Engenharia e Serviços y con 16 años de trayectoria en este tipo de instalaciones, explicó que el gran problema del sector es que el PUE se exige a priori: el promotor lo impone en el contrato antes de que se conozcan los equipos, el régimen de funcionamiento o las alternativas que surgirán durante la obra. Recordó que hace una década se trabajaba con valores en torno a 2,0 y que hoy el mercado opera entre 1,3 y 1,2, un umbral difícil de rebajar porque un PUE de 1 implicaría un data center sin pérdida alguna.
La traducción económica de esa décima es contundente. Según expuso, un data center de 100 MW puede suponer una inversión próxima a los 1.000 M€ y un gasto operativo anual cercano a los 100 M€ —una proporción aproximada de uno a diez entre CAPEX y OPEX—, de modo que la diferencia entre un PUE de 1,2 y uno de 1,5 puede valer cientos de millones de euros a lo largo de la vida útil de la instalación. De ahí su tesis central: el PUE a priori no es una cuenta ni un coeficiente, sino un proceso de decisión, trazabilidad y disciplina técnica que obliga a recalcular cada vez que cambian los equipos, el instalador propone alternativas, se dilatan los plazos de entrega —hoy de hasta seis meses en algunos equipamientos— o el promotor decide saltar de una clasificación Tier III a Tier IV en mitad del proyecto.
El segundo gran eje fue la energía como recurso escaso. El ponente señaló que el pico de demanda eléctrica de Portugal ronda los 10 GW y que solo las solicitudes vinculadas a la zona de Sines se aproximan a los 5 GW, lo que implicaría construir hasta 2030 más del 50% de toda la capacidad de producción, transformación y distribución levantada en el país hasta la fecha. El problema, advirtió, ya no es solo el coste, sino la disponibilidad física de potencia y de infraestructuras logísticas. El campus de Sines, que emplea refrigeración por agua de mar y aspira a 1,2 GW de capacidad informática, funciona como caso de estudio de esa nueva escala, un salto de magnitud que en Estados Unidos ya alcanza proyectos de 5 GW.
Desde la perspectiva española, Guillem Richard, responsable de desarrollo de negocio en sostenibilidad de PGI Engineering, defendió que la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento diferenciador para convertirse en condición imprescindible y en filtro real de las decisiones de inversión. Citó como tendencias la Directiva europea de Eficiencia Energética, el aprovechamiento del calor residual —que su firma ya deja en previsión en todos sus proyectos, a la espera de que los municipios desarrollen las redes de district heating capaces de absorberlo— y la presión sobre el agua: en una península con estrés hídrico, los circuitos cerrados y el liquid cooling se perfilan como la respuesta obligada a las densidades que impone la inteligencia artificial. Apuntó además que el PUE convive ya con nuevas métricas —uso de agua, huella de carbono, porcentaje de renovables, reaprovechamiento térmico— y con certificaciones específicas para data centers en preparación.
El debate cerró con una advertencia sobre seguridad y gobernanza. Tras el apagón ibérico, se subrayó que hoy resulta más fácil paralizar una ciudad cortando su capacidad de comunicación y procesamiento que atacándola físicamente, por lo que parte del parque de data centers debería incorporar protección física reforzada. Y se cuestionó la viabilidad de una regulación única para un sector cuyas instalaciones varían entre 1 MW y más de 1 GW: más que reglas uniformes, se reclamó al poder político un encuadramiento estratégico que entienda los data centers no como un negocio más, sino como una transformación drástica de la sociedad.